Reforma de la protección de datos

La reforma de la protección de datos es un conjunto legislativo que propuso la Comisión en 2012 con objeto de actualizar y modernizar las normas establecidas en la Directiva sobre protección de datos de 1995 y en la Decisión marco de 2008 sobre protección de datos en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal.

Contar con una legislación sobre protección de datos uniforme y actualizada resulta esencial para garantizar el derecho fundamental de las personas a que se protejan sus datos personales, hacer posible el desarrollo de la economía digital y reforzar la lucha contra la delincuencia y el terrorismo.

El paquete legislativo de protección de datos consta de dos propuestas:

  • un Reglamento general de protección de datos
  • una Directiva sobre protección de los datos personales tratados a efectos policiales y judiciales

En diciembre de 2015, el Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo sobre sobre los proyectos de textos.

El 8 de abril de 2016, el Consejo adoptó su posición en primera lectura. A continuación, el Parlamento Europeo adoptó los textos el 14 de abril de 2016.

Principales datos

  • El 57 % de los europeos considera que la divulgación de información personal es una cuestión importante.
  • Al 70 % le preocupa que las empresas puedan utilizar la información para fines diferentes de aquellos para los que se ha recogido.
  • Solo el 15 % considera que controla completamente la información que aporta en línea.
  • El 90 % de los europeos cree que es importante que en todos los países de la UE se tengan los mismos derechos y la misma protección.

¿Por qué es necesaria?

En las últimas décadas, la Unión Europea ha adoptado varios actos legislativos para proteger los datos personales; el principal es la Directiva sobre protección de datos de 1995. Ahora bien, desde la adopción del Tratado de Lisboa, la protección de datos personales ha pasado a ser un derecho fundamental en la legislación de la UE, reconocido por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y por la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Por lo tanto, la Unión cuenta ahora con una base jurídica específica para adoptar actos legislativos destinados a proteger este derecho fundamental.

Los rápidos avances tecnológicos de las dos últimas décadas han planteado nuevos desafíos para la protección de datos personales. La magnitud del intercambio y la recogida de datos ha crecido exponencialmente, a veces con una dimensión mundial. Cada vez hay más personas que revelan públicamente datos personales.

La integración económica y social, fruto del funcionamiento del mercado interior, ha dado también lugar a un aumento sustancial del flujo transfronterizo de datos.

A fin de tener plenamente en cuenta toda esta evolución y promover la economía digital, es necesario garantizar un alto nivel de protección de los datos personales, que permita al mismo tiempo la libre circulación de dichos datos dentro de la Unión.

Por lo que respecta a los datos personales utilizados a efectos policiales y judiciales, cada vez es más frecuente que las autoridades de los Estados miembros tengan que tratar e intercambiar datos en la lucha contra la delincuencia transnacional y el terrorismo. En este contexto, es fundamental contar con normas claras y coherentes sobre protección de datos a nivel de la UE para mejorar la cooperación entre dichas autoridades.

Acuerdos internacionales

Junto a la reforma de las normas de protección de datos de la UE, el Consejo adoptó en 2010 un mandato por el que se autorizaba a la Comisión a negociar un acuerdo marco sobre la protección de datos con los Estados Unidos. Este acuerdo aspira a garantizar la protección de los datos personales de los ciudadanos europeos transferidos entre la UE y los EE.UU. a efectos policiales y judiciales. Constituirá un complemento de los acuerdos actuales y futuros.

Las negociaciones con los EE.UU. concluyeron en septiembre de 2015. En febrero de 2016, los EE.UU. adoptaron una nueva ley por la que se concede a los ciudadanos de la UE el derecho al recurso judicial en los EE.UU. (Ley de recurso judicial). Se trataba de una condición previa para la firma y celebración del acuerdo marco. Por consiguiente, pueden darse ya los siguientes pasos para la firma y ratificación del acuerdo.