El Consejo alcanza un acuerdo acerca de unas nuevas medidas para que las normas de la UE sobre el IVA sean compatibles con la era digital.

El Consejo retira a Antigua y Barbuda de la lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales. Tras esta actualización, figuran en la lista de la UE 11 países y territorios.

El Consejo alcanza un acuerdo (orientación general) sobre la Directiva FASTER, que establece procedimientos más seguros y rápidos para mitigar la doble imposición. Ayudará a impulsar la inversión transfronteriza y a luchar contra el abuso fiscal.

El Consejo retira las Bahamas, Belice, Seychelles y las Islas Turcas y Caicos de la lista de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales. Tras esta actualización, figuran en la lista de la UE 12 países y territorios.

El Consejo decide añadir a Antigua y Barbuda, Belice y Seychelles a la lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales. Asimismo, se retiran de la lista tres países y territorios: Islas Vírgenes Británicas, Costa Rica y las Islas Marshall.

El Consejo adopta una Directiva por la que se modifican las normas de la UE sobre cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad. Las modificaciones se refieren principalmente a la notificación y el intercambio automático de información sobre los ingresos procedentes de operaciones con criptoactivos y sobre los acuerdos tributarios previos relativos a las personas más ricas (con un elevado patrimonio neto).

El Grupo «Código de Conducta» (Fiscalidad de las Empresas) de la UE conmemora su 25.º aniversario.

El Consejo alcanza un acuerdo sobre su posición (orientación general) sobre la propuesta «DCA 8», que introduce actualizaciones de la Directiva relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad.

El Consejo adopta unas Conclusiones sobre la lista revisada de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales. Un total de 16 países no han entablado un diálogo constructivo con la UE sobre gobernanza fiscal, o bien no han cumplido su compromiso de introducir las reformas necesarias.

El órgano del Consejo que supervisa la aplicación del código de conducta de la UE sobre la fiscalidad de las empresas elige a María José Garde como su presidenta.

Los Estados miembros llegan a un acuerdo unánime sobre la Directiva relativa al pilar 2, que vela por que se aplique un nivel mínimo de imposición del 15 % a las grandes empresas en la Unión.

El Consejo hace balance de los progresos realizados por el Grupo «Código de Conducta» durante la Presidencia checa y acuerda unas Conclusiones.

Los ministros de Hacienda de la UE acuerdan un código de conducta revisado sobre la fiscalidad de las empresas, reforzando así los criterios que emplean los Estados miembros para detectar las prácticas fiscales perniciosas dentro de la UE.

La UE crea una ventanilla única para las aduanas que facilitará el comercio internacional, abreviará el despacho de aduanas y reducirá el riesgo de fraude.

El Consejo adopta unas Conclusiones sobre la lista revisada de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales. Un total de doce países no han entablado un diálogo constructivo con la UE sobre gobernanza fiscal, o bien no han cumplido su compromiso de introducir las reformas necesarias.

El Consejo adopta unas Conclusiones sobre los trabajos del Grupo «Código de Conducta» (Fiscalidad de las Empresas).

El Consejo adopta un Reglamento que permite la liberalización temporal del comercio y otras concesiones comerciales con respecto a determinados productos ucranianos.

El Eurogrupo celebra la presentación de los proyectos de planes presupuestarios de Alemania y Portugal para 2022, y acoge con satisfacción los dictámenes emitidos por la Comisión el 19 de mayo de 2022.

Los colegisladores llegan a un acuerdo provisional sobre la propuesta relativa a la ventanilla única para las aduanas que facilitará el comercio internacional, abreviará el despacho de aduanas y reducirá el riesgo de fraude.

El Consejo considera que aclarar y simplificar las normas del IVA para las empresas reforzaría el mercado interior europeo y ayudaría a las empresas europeas a competir en los mercados nacional y mundial, y contribuiría a la lucha contra el fraude fiscal.