Mayor protección para los denunciantes: el Consejo adopta su posición

La UE está tomando medidas para garantizar un nivel elevado de protección de los denunciantes en muy diversos sectores.

El Consejo (a nivel de representantes permanentes) ha acordado hoy su posición sobre la Directiva relativa a la protección de los denunciantes. Está listo ahora para iniciar negociaciones con el Parlamento Europeo con objeto de alcanzar un acuerdo antes de que finalice la legislatura.

Las nuevas normas obligan a las organizaciones –privadas o públicas con 50 o más empleados– y a los poderes públicos a establecer cauces seguros de denuncia. Además, ofrecerán un elevado nivel de protección a los denunciantes contra las represalias y exigirán a las autoridades nacionales que informen debidamente a los ciudadanos y formen a los funcionarios sobre el modo de proceder ante las denuncias.

La importancia de los denunciantes ha quedado demostrada en escándalos recientes como los de Cambridge Analytica o Lux Leaks; por ello, hemos de ofrecerles un elevado nivel de protección en toda la Unión. Nadie debería poner en peligro su reputación o su puesto de trabajo por denunciar un comportamiento ilegal. Embajadora Luminița Odobescu, representante permanente de Rumanía ante la UE

Principales elementos de la posición del Consejo

En general, el Consejo ha aclarado algunas de las disposiciones del texto con el objetivo de aumentar la seguridad jurídica y abordar mejor los vínculos existentes entre las nuevas normas y la legislación actual en determinados sectores.

Entre los elementos de la posición adoptada por el Consejo respecto de la propuesta inicial cabe citar:

• Sistema de denuncias: los denunciantes deberán utilizar en primer lugar cauces internos en su organización antes de recurrir a cauces externos (establecidos por los poderes públicos), y en último lugar podrán informar al público. No obstante, el principio del sistema de tres etapas prevé excepciones para casos específicos (en caso de peligro inminente o manifiesto para el interés público) que permiten al denunciante recurrir a cauces externos o incluso informar al público.
• Personas protegidas por las nuevas normas: se han mantenido a este respecto los elementos de la propuesta de la Comisión, de modo que quedan protegidas numerosas categorías de personas que pueden tener acceso a información sobre infracciones cometidas en un contexto laboral, como por ejemplo empleados (incluidos funcionarios a nivel nacional/local), voluntarios y trabajadores en prácticas, miembros no ejecutivos, accionistas, etc.
• Obligaciones de información para los poderes públicos y las empresas: dispondrán de un plazo de tres meses para informar al denunciante y tramitar las denuncias (con la posibilidad, en casos debidamente justificados, de prorrogar el plazo hasta seis meses para los cauces externos).
• Revelación pública de información: el Consejo ha añadido un artículo que establece las condiciones que debe cumplir la persona protegida por las nuevas normas en caso de que esta revele públicamente información.
• Ámbito de aplicación: la posición del Consejo mantiene el amplio ámbito de aplicación propuesto por la Comisión, que abarca aspectos como la contratación pública, los servicios financieros, la prevención de blanqueo de capitales, la salud pública, etc.

Siguientes etapas

Las negociaciones del diálogo tripartito con el Parlamento comenzarán lo antes posible. El Parlamento adoptó su posición en diciembre de 2018.

Antecedentes

La protección de los denunciantes está regulada hoy en día de manera fragmentada. En la actualidad solo diez países de la UE tienen una legislación integral en este ámbito. A escala de la UE, la legislación en materia de protección de denunciantes solo se aplica a ámbitos muy específicos (principalmente en el ámbito de los servicios financieros).

Según un estudio realizado en 2017 para la Comisión, la pérdida de beneficios potenciales debido a la falta de protección de los denunciantes, solo en el ámbito de la contratación pública, se situaba en una horquilla de entre 5 800 y 9 600 millones de euros anuales para el conjunto de la UE.

• Directiva relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión («Directiva de protección de los denunciantes»): Mandato de negociación con el Parlamento Europeo

  Únicamente disponible, en estos momentos, en la(s) siguiente(s) lengua(s):

  EN
• Directiva relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión («Directiva de protección de los denunciantes»): declaraciones de los Estados miembros

  Únicamente disponible, en estos momentos, en la(s) siguiente(s) lengua(s):

  EN
• Posición del Parlamento Europeo sobre la Directiva de protección de los denunciantes
• Sitio web de la Comisión - Ficha informativa sobre la Directiva de protección de los denunciantes