Mejor acceso a las pruebas electrónicas para combatir la delincuencia
La UE está trabajando en nuevas normas para agilizar el acceso a los datos digitales utilizados para investigar y enjuiciar delitos, sea cual sea el lugar donde estén almacenados.
¿Qué son las pruebas electrónicas?
La revolución digital está redefiniendo todos los aspectos de la sociedad, y la delincuencia no es una excepción. Cada vez más delincuentes hacen uso de la tecnología para planear y cometer delitos. Como consecuencia de ello, las autoridades recurren cada vez más a las pruebas electrónicas para localizarlos y condenarlos.
Las pruebas electrónicas, o digitales, son los datos electrónicos que se utilizan para investigar y enjuiciar delitos.
Entre ellas cabe citar, en particular:
- los mensajes de correo electrónico,
- los mensajes de texto o los contenidos procedentes de aplicaciones de mensajería,
- los contenidos audiovisuales,
- la información sobre la cuenta en línea del usuario.
Estos datos pueden utilizarse para identificar a una persona o para obtener más información sobre sus actividades.
En la era digital los delincuentes se valen cada vez de más servicios y herramientas de alta tecnología para planear y cometer delitos. Por este motivo, las pruebas electrónicas se están volviendo esenciales en la lucha contra la delincuencia: actualmente se utilizan datos electrónicos en el 85 % de las investigaciones penales.
La cuestión del acceso transfronterizo a las pruebas electrónicas
Acceder a las pruebas electrónicas puede ser un proceso largo y complicado para las autoridades, ya que a menudo estas están almacenadas en otro país. Los proveedores de servicios en línea almacenan los datos de los usuarios en servidores que pueden hallarse en distintos países, tanto dentro como fuera de la UE.
Esto hace que para las autoridades judiciales sea mucho más difícil recabar pruebas en formato electrónico, ya que tienen que pasar por procedimientos dilatados y complicados para acceder a ellas.
En más del 50 % de las investigaciones penales se cursa una solicitud de obtención de pruebas electrónicas.
¿Cómo mejorarán las nuevas normas el acceso a las pruebas electrónicas?
En abril de 2018, a instancias del Consejo Europeo y del Consejo, en abril de 2018 la Comisión Europea propuso nuevas normas para facilitar y agilizar el acceso de las autoridades a las pruebas electrónicas, sea cual sea el lugar donde estén almacenados los datos.
Según la propuesta inicial de la Comisión, las nuevas normas permitirían a las autoridades judiciales de un país de la UE solicitar directamente el acceso a pruebas electrónicas a cualquier proveedor que preste servicios en la Unión Europea y esté establecido o tenga representación en otro Estado miembro.
Esto agilizaría las solicitudes de acceso, ya que no sería necesario pasar por las autoridades del otro Estado miembro.
Las normas propuestas constan de dos propuestas legislativas:
- un Reglamento sobre las órdenes europeas de entrega y conservación de pruebas electrónicas a efectos de enjuiciamiento penal,
- una Directiva por la que se establecen normas armonizadas para la designación de representantes legales a efectos de recabar pruebas para procesos penales.
El 25 de enero de 2023, el Consejo confirmó el acuerdo alcanzado con el Parlamento Europeo sobre las dos propuestas legislativas.
Reglamento sobre las órdenes de entrega y conservación
El Reglamento sobre las órdenes europeas de entrega y conservación de pruebas electrónicas permitirá que las autoridades accedan a los datos almacenados, con independencia de dónde lo estén.
La orden de entrega permitirá que la autoridad judicial de un Estado miembro solicite acceso a pruebas electrónicas directamente a un proveedor de servicios que esté establecido o tenga representación en otro Estado miembro. El proveedor de servicios tendrá que responder en un plazo de diez días, o de seis horas en caso de urgencia.
La orden de conservación impedirá que el proveedor de servicios suprima pruebas electrónicas cuando todavía se esté tramitando la orden de entrega.
Las normas se basarán en los principios vigentes de reconocimiento mutuo entre Estados miembros. Solo se aplicarán a los datos almacenados, ya que no abarcan la intervención de telecomunicaciones en tiempo real.
Directiva sobre los representantes legales
La Directiva sobre los representantes legales obligará a todos los proveedores de servicios que no estén establecidos en la Unión Europea pero presten servicios en la Unión a nombrar a un representante legal. Este será responsable de la recepción, el acatamiento y la ejecución de las órdenes y resoluciones. El objetivo es garantizar que todos los proveedores de servicios que operen en la UE tengan las mismas obligaciones en lo que se refiere al acceso a las pruebas electrónicas.
Negociaciones internacionales
En junio de 2019, el Consejo autorizó a la Comisión Europea a:
- negociar, en nombre de la UE, un acuerdo con los Estados Unidos sobre el acceso transfronterizo a las pruebas electrónicas;
- participar en las negociaciones en el Consejo de Europa sobre un segundo protocolo adicional al Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia.
Acuerdo UE-EE.UU.
Las negociaciones con los Estados Unidos para facilitar el acceso transfronterizo a las pruebas electrónicas a efectos de cooperación judicial en materia penal comenzaron en septiembre de 2019 y están actualmente en curso.
Hoy en día, los proveedores de servicios con sede en los Estados Unidos colaboran con las autoridades policiales europeas mediante cooperación directa con carácter voluntario o a través de procedimientos de asistencia judicial.
La legislación estadounidense no siempre permite a los proveedores de servicios responder directamente a las solicitudes europeas de acceso a las pruebas electrónicas. Un acuerdo entre la UE y los EE.UU. facilitaría la cooperación y garantizaría la existencia de unas garantías exigentes para proteger los derechos fundamentales.
La Comisión informa periódicamente al Consejo sobre el estado de estas negociaciones.
Segundo protocolo adicional al Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia
El 17 de noviembre de 2021, el Consejo de Europa adoptó un segundo protocolo adicional al Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia. El objetivo del protocolo es establecer:
- disposiciones para un régimen de asistencia judicial más eficiente,
- disposiciones sobre la cooperación directa con los proveedores de servicios de otros países que son partes en el Convenio,
- un marco y salvaguardias para ampliar las búsquedas a través de las fronteras.
El protocolo incluye garantías y requisitos exigentes en materia de protección de datos. La ventaja de un acuerdo de este tipo es su potencial de aplicación en todo el mundo.
La UE no puede firmar o ratificar el Protocolo, ya que solo los Estados pueden ser partes en él. Por esta razón, la UE autorizó a los Estados miembros a firmar el Protocolo (el 5 de abril de 2022) y a ratificarlo (el 14 de febrero de 2023).
- Acceso a las pruebas electrónicas: el Consejo autoriza a los Estados miembros a ratificar un acuerdo internacional (comunicado de prensa, 14.2.2023)
- Acceso a las pruebas electrónicas: el Consejo autoriza a los Estados miembros a firmar un acuerdo internacional (comunicado de prensa, 5.4.2022)
- El Consejo da mandato a la Comisión para negociar acuerdos internacionales sobre pruebas electrónicas en materia penal (comunicado de prensa, 6.6.2019)
Última revisión: 11 de enero de 2024