Política fiscal de la UE
La política fiscal de la UE tiene por objeto garantizar la equidad y fomentar el crecimiento mediante la armonización de las normas fiscales en todos los Estados miembros, la lucha contra el fraude y la adaptación a los cambios económicos mundiales. El Consejo es el único legislador de la UE en materia fiscal.
¿Qué es la fiscalidad?
La fiscalidad desempeña un papel fundamental en la defensa de la cohesión social y la soberanía de un país y funciona como columna vertebral financiera para una gobernanza eficaz.
Los ingresos públicos son la principal fuente de financiación de funciones públicas esenciales como la educación, la asistencia sanitaria, el bienestar, la seguridad, la investigación y los sistemas de infraestructuras públicas.
Los ingresos fiscales también capacitan a los países para financiar decisiones clave que conforman tanto la economía como la sociedad.
En la UE, casi el 90 % de los ingresos de que disponen los gobiernos nacionales proceden de los impuestos. Esto pone de relieve la importancia de garantizar que los sistemas fiscales de los Estados miembros sean capaces de generar los ingresos necesarios. Si los ingresos fiscales son insuficientes, el país puede tener que recurrir a préstamos, lo que dará lugar a futuras obligaciones de deuda.
Tipos de impuestos en la UE
La UE no puede imponer, y no impone, impuestos a los ciudadanos o a las empresas. Esta responsabilidad corresponde únicamente a los distintos Estados miembros.
Esto significa que el importe de los impuestos soportados por los europeos lo determinan sus Gobiernos nacionales.
Los impuestos se dividen en dos categorías principales: directos e indirectos.
Fiscalidad directa
impuesto sobre la renta de las personas físicas
impuesto sobre los beneficios corporativos (de las empresas)
Fiscalidad indirecta
Impuesto sobre el valor añadido (IVA)
impuestos especiales sobre el alcohol, el tabaco y la energía
Fiscalidad directa
Los impuestos directos se imponen a una persona o a una sociedad (empresa). Entre ellos figuran, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre sociedades y el impuesto sobre la propiedad inmobiliaria.
La legislación de la UE en este ámbito se limita a armonizar aspectos específicos de la legislación de los Estados miembros. Esto solo puede hacerse en la medida necesaria para mejorar el funcionamiento del mercado único de la UE y abordar retos transfronterizos comunes, como la evasión fiscal o la planificación fiscal abusiva.
Fiscalidad indirecta
Los impuestos indirectos se aplican a una transacción. Ejemplos de este tipo de impuestos son el impuesto sobre el valor añadido (IVA) sobre las ventas de bienes y servicios o los impuestos especiales sobre el alcohol, los productos del tabaco y la energía. En estos casos, el consumidor paga el impuesto como parte del precio de compra y el vendedor transfiere el importe del impuesto adeudado a la Administración.
La legislación de la UE en este ámbito implica a menudo la armonización de las legislaciones nacionales. Cuando las normas fiscales para la venta de bienes y servicios difieren considerablemente en la UE, esto puede falsear la competencia entre empresas y dificultar el comercio transfronterizo.
¿Por qué es necesaria una política fiscal de la UE?
Los impuestos desempeñan un papel crucial en la configuración del precio de los bienes y servicios, y también influyen en el comportamiento de los inversores y los consumidores. Como consecuencia de ello, la política fiscal puede incentivar la productividad, mejorando la inversión y la innovación.
Las economías de la UE se enfrentan a las repercusiones de importantes transformaciones a escala mundial, como el cambio demográfico, la digitalización y la globalización, además de a los efectos del cambio climático, la recuperación tras la COVID-19 y las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania.
Estos retos afectan a la resiliencia de los sistemas fiscales, dando lugar así a una creciente necesidad de alinearse con la evolución económica actual y futura.
La participación a escala de la UE es necesaria para garantizar que las normas y políticas fiscales sean compatibles con el funcionamiento del mercado único de la UE. Esta armonización es crucial para aprovechar plenamente el potencial del mercado único, del que se benefician más de 400 millones de ciudadanos de la UE y millones de empresas.
Objetivos de la UE en materia de fiscalidad
Garantizar la equidad
Algunas medidas fiscales pueden generar efectos colaterales en otros Estados miembros o crear inadvertidamente obstáculos al comercio transfronterizo. Para evitarlo, algunas normas fiscales están armonizadas en la UE (por ejemplo, en el ámbito del IVA), lo que conduce a un mercado interior más fluido, fomentando así el crecimiento económico y facilitando las transacciones transfronterizas.
Apoyar el crecimiento sostenible y mejorar la competitividad
Algunas medidas de política fiscal se alinean para apoyar los objetivos económicos más amplios de la UE, abordando retos como el cambio demográfico, la digitalización, la globalización y los efectos de la emergencia climática, al tiempo que se promueve la cohesión económica, se reducen las disparidades y se facilitan la fluidez de las transacciones transfronterizas y la inversión.
Generar ingresos para el presupuesto de la UE
Algunos impuestos, como el IVA, son una fuente de ingresos para el presupuesto de la UE. Un porcentaje de lo recaudado por los Estados miembros se transfiere al presupuesto de la UE como «recurso propio».
Medidas recientes de la UE sobre fiscalidad
La UE está trabajando en el ámbito de la fiscalidad con el fin de apoyar la competitividad y el crecimiento, racionalizar las operaciones comerciales en toda la UE, reducir los costes de conformidad, mejorar los procedimientos fiscales y combatir el fraude fiscal.
Estos esfuerzos legislativos tienen por objeto crear un entorno fiscal más justo y eficiente, en particular:
- evitar la doble imposición de las inversiones transfronterizas;
- reducir los costes para las empresas transfronterizas;
- luchar contra la elusión fiscal;
- la fiscalidad en la era digital;
- modernizar el sistema común del IVA.
- mejorar la cooperación administrativa entre los Estados miembros.
Evitar la doble imposición de las inversiones transfronterizas
Cuando un residente en la UE invierte en valores en otro Estado miembro, los pagos percibidos a cambio están sujetos a una retención en origen en el Estado miembro de residencia, así como en el Estado miembro en el que se realiza la inversión.
Para evitar la doble imposición, el inversor no residente está obligado a presentar posteriormente una solicitud de devolución por el exceso de impuesto retenido por el país de origen. Estos procedimientos de devolución suelen ser gravosos, largos y costosos.
Para hacer frente a esta situación, el 10 de diciembre de 2024 el Consejo adoptó una Directiva sobre una mitigación más rápida y segura de las retenciones en origen practicadas en exceso (Directiva FASTER).
Las nuevas normas:
- introducirán dos procedimientos acelerados que complementen el actual procedimiento estándar de devolución: un procedimiento de «mitigación en origen» y un sistema de «devolución rápida», que harán que el proceso de mitigación sea más rápido y lo armonizarán en toda la UE;
- introducirán un certificado común digital de residencia fiscal de la UE (CDRF) que los inversores contribuyentes podrán utilizar para acogerse a los procedimientos acelerados a fin de obtener la mitigación de la retención en origen;
- establecerán una obligación de notificación normalizada para los intermediarios financieros (como bancos o plataformas de inversión), que facilitará a las autoridades tributarias nacionales la detección de posibles fraudes o abusos fiscales.
Reducir los costes para las empresas transfronterizas
A pesar de la estrecha integración del mercado único de la UE, las empresas siguen enfrentándose a obstáculos fiscales, ya que deben cumplir 27 sistemas nacionales diferentes del impuesto sobre sociedades. Esto da lugar a elevados costes e incertidumbre para las empresas transfronterizas.
En septiembre de 2023, la Comisión propuso la iniciativa «Empresas en Europa: Marco para el impuesto sobre sociedades» con el objetivo de reducir los costes de cumplimiento de las obligaciones fiscales para las empresas transfronterizas. La propuesta engloba:
- un conjunto común de normas para calcular la base imponible de las empresas que forman parte del mismo grupo;
- una única base imponible agregada para todos los miembros del grupo;
- la cuota del grupo sujeto al Marco en la base imponible agregada se calculará sobre la base de la media de los resultados imponibles de los tres ejercicios fiscales anteriores.
Estas normas se aplicarían a los grandes grupos que operan en la UE, con la posibilidad de que las medianas empresas optaran por participar. Se considera que una empresa forma parte de un gran grupo si tiene unos ingresos anuales combinados de al menos 750 millones de euros y la sociedad matriz posee al menos el 75 % de la propiedad.
Luchar contra la elusión fiscal
La elusión fiscal cuesta a los Estados miembros miles de millones de euros cada año. La globalización y el progreso tecnológico han facilitado significativamente estas actividades.
La UE ha desempeñado un papel clave a la hora de ayudar a los Estados miembros a coordinar las normativas fiscales para garantizar unas condiciones de competencia equitativas. El Código de Conducta sobre la Fiscalidad de las Empresas es el instrumento emblemático que promueve la competencia fiscal leal, tanto dentro de la UE como a escala mundial.
Dado el carácter mundial de la competencia fiscal desleal, la UE promueve la buena gobernanza fiscal y combate la evasión y la elusión fiscales a escala internacional. El Consejo publica periódicamente la lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales, que incluye los países y territorios que no han cumplido los criterios de buena gobernanza fiscal o que se han negado a cumplirlos.
- La lucha contra la elusión fiscal en la UE
- Lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales
La fiscalidad en la era digital
La fiscalidad digital es un componente relativamente nuevo de la política tributaria que refleja la necesidad de solventar los retos derivados del crecimiento de la economía digital.
La economía digital ha brindado numerosos beneficios a la ciudadanía y las empresas. Al mismo tiempo, sin embargo, los modelos de negocio novedosos y el aumento de determinadas actividades digitales han ejercido presión sobre las normas tradicionales de los sistemas fiscales nacionales.
Por consiguiente, deben adaptarse las normas tributarias para que entren en la era digital. Todos los sectores de la economía deben pagar la parte de impuestos que les corresponde y contribuir al funcionamiento de la sociedad.
Estas cuestiones han figurado entre las principales prioridades del Consejo desde 2017.
Modernizar el sistema común del IVA
El IVA en la era digital
El impuesto sobre el valor añadido (IVA) es una fuente clave de ingresos para los Estados miembros de la UE, ya que contribuye a financiar servicios públicos esenciales como la educación, la asistencia sanitaria y el transporte público. Sin embargo, siguen perdiéndose importantes cantidades de ingresos en concepto de IVA debido al fraude, la mala administración, las quiebras, las insolvencias y otros factores.
Para modernizar el sistema común del IVA actual y que entre en la era digital, el Consejo adoptó el 11 de marzo de 2025 el paquete de medidas sobre el IVA en la era digital. Las nuevas normas tienen por objeto luchar contra el fraude en materia de IVA, apoyar a las empresas e impulsar la digitalización en toda la UE.
El paquete incluye medidas para mejorar y expandir el ámbito de aplicación de las «ventanillas únicas» existentes, permitiendo que más empresas cumplan las obligaciones en materia de IVA a través de un único portal en línea en una sola lengua.
Además, se exigirá a las plataformas en línea para el transporte de pasajeros y los alquileres de alojamientos de corta duración que recauden el IVA y lo abonen a las autoridades fiscales en los casos en los que los proveedores de servicios individuales estén exentos.
El paquete también introduce obligaciones de notificación plenamente digitales basadas en la facturación electrónica, cuyo objetivo es que la notificación del IVA para las empresas transfronterizas en la UE sea totalmente digital en 2030 a más tardar.
- Fiscalidad: el Consejo alcanza un acuerdo acerca del paquete de medidas sobre el IVA en la era digital (comunicado de prensa, 5.11.2024)
- El impuesto sobre el valor añadido (IVA) en la UE
Certificado de exención del IVA en formato digital
Como parte de sus esfuerzos por modernizar el sistema común del IVA, el 18 de febrero de 2025 el Consejo adoptó nuevas normas por las que se introduce un certificado fiscal electrónico para las exenciones del IVA.
Los certificados en papel, que se utilizan cuando las mercancías están exentas del IVA, se sustituirán por un formulario digital. El certificado digital simplificará y racionalizará el proceso cuando dichas mercancías se importen para embajadas, organizaciones internacionales o fuerzas armadas.
Las nuevas medidas entrarán en vigor el 1 de julio de 2031 y tendrán un periodo transitorio adicional de un año durante el cual los Estados miembros podrán utilizar cualquiera de los dos formatos: digital o en papel.
Mejorar la cooperación administrativa entre los Estados miembros
En la UE, es posible que los contribuyentes tengan que declarar en su país de residencia todos los ingresos obtenidos en otros países. Aunque las autoridades tributarias pueden hacer un seguimiento de los ingresos generados en el país por medio de medidas como la retención en origen o la presentación de declaraciones nacionales, asegurarse de que los contribuyentes declaren sus ingresos de origen extranjero resulta más complicado.
En virtud de la Directiva sobre Cooperación Administrativa (DCA), los Estados miembros de la UE ayudan a prevenir la evasión fiscal mediante el intercambio automático, espontáneo y previa solicitud de información pertinente a efectos tributarios. Esto hace más difícil que los particulares y las empresas oculten sus activos o sus ingresos a las autoridades tributarias. En vigor desde 2014, la DCA desempeña un papel crucial en la promoción de la transparencia fiscal y el fomento de la cooperación entre los Estados miembros de la UE.
En 2023 el Consejo amplió el ámbito de aplicación de la DCA y añadió normas relativas a la notificación y el intercambio automático de información sobre los ingresos procedentes de operaciones con criptoactivos y sobre los acuerdos tributarios previos relativos a las personas más ricas (con un patrimonio neto elevado).
En 2025, el Consejo adoptó una Directiva (la DAC9) por la que se modificaba la DCA en vigor a fin de mejorar la cooperación y el intercambio de información sobre un impuesto de sociedades mínimo efectivo. La nueva Directiva contribuirá a que las multinacionales y las grandes empresas nacionales cumplan sus obligaciones de información tributaria en virtud del acuerdo mundial del G20 y la OCDE.
Los Estados miembros tendrán que aplicar las nuevas normas a más tardar el 31 de diciembre de 2025.
El Consejo como único legislador de la UE
La legislación fiscal a escala de la UE es adoptada por el Consejo, que actúa como legislador único, tal como se establece en los Tratados de la Unión Europea. Se consulta al Parlamento Europeo, pero este no tiene competencias legislativas en este ámbito. Se trata de un procedimiento legislativo especial.
Las directivas o reglamentos se adoptan por unanimidad en el Consejo. No podrá emitirse ningún voto «en contra» si el Consejo ha de adoptar legislación en este ámbito.
El proceso legislativo comienza con la propuesta de la Comisión Europea de nueva legislación fiscal de la UE o de modificaciones de la legislación vigente.
Véase también
La lucha contra la elusión fiscal en la UE
El impuesto sobre el valor añadido (IVA) en la UE
Fiscalidad digital
Última revisión: 20 de noviembre de 2025