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Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores
Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores, 14 y 15 de junio de 2021
Principales resultados
Empleo y asuntos sociales (lunes 14 de junio)
Garantía Infantil Europea
El Consejo ha adoptado una Recomendación por la que se establece una Garantía Infantil Europea. El objetivo de la Recomendación es prevenir y combatir la exclusión social de los niños garantizando a los niños necesitados el acceso a un conjunto de servicios clave, también apoyando de este modo la defensa de los derechos del niño a través de la lucha contra la pobreza infantil y el fomento de la igualdad de oportunidades.
En particular se recomienda a los Estados miembros que garanticen un acceso efectivo y gratuito a la educación infantil y atención a la primera infancia, a la educación y las actividades escolares, a una comida saludable, como mínimo cada día de escuela, y a la asistencia sanitaria, así como un acceso efectivo a una alimentación sana y a una vivienda adecuada.
Asimismo, los 27 deben designar a una persona que ocupe el puesto de coordinador nacional de la Garantía Infantil para presentar a la Comisión, en un plazo de nueve meses a partir de la adopción de la Recomendación, un plan de acción que cubra el período hasta 2030 para aplicar dicha Recomendación.
Se trata de una victoria no solo para la Presidencia portuguesa, sino especialmente para los dieciocho millones de niños de la Unión Europea en riesgo de pobreza o de exclusión social. Es una victoria garantizar la educación, la atención a la infancia, una asistencia sanitaria de calidad y una vivienda digna para todos los niños en Europa.
Ana Mendes Godinho, ministra de Trabajo, Solidaridad y Seguridad Social de Portugal
Garantía Infantil Europea: cómo protege a los niños la UE (Infografía)
Teletrabajo
Desde el brote de COVID-19, ha aumentado enormemente el número de personas que teletrabajan. Según una encuesta de Eurofound, en julio de 2020 el 34 % de los encuestados trabajaban exclusivamente desde casa, frente al 5,4 % de los empleados de la EU-27 que hacían lo propio en 2019. El Consejo ha adoptado unas Conclusiones sobre la cuestión que ponen de relieve que este reciente aumento del teletrabajo hace necesario analizar el potencial, los límites y los riesgos que entraña. En las Conclusiones se insta a los Estados miembros a que, entre otras cosas, consideren:
formular planes de acción o estrategias nacionales que aborden las oportunidades y los riesgos relacionados con el teletrabajo, teniendo en cuenta la perspectiva de género, o que incluyan este asunto en estrategias ya existentes o futuras;
modificar las políticas que regulan el teletrabajo o publicar orientaciones, por ejemplo en lo que se refiere a la organización y la supervisión del tiempo de trabajo, los riesgos relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres, y las indemnizaciones destinadas a sufragar los costes del teletrabajo, cuando corresponda;
crear o reforzar iniciativas destinadas a fortalecer la inspección laboral y la salud y seguridad en el trabajo habida cuenta de los riesgos que se derivan del teletrabajo.
El Consejo también ha pedido a la Comisión que analice el contexto y las implicaciones del teletrabajo en la UE y el grado en que la legislación social y laboral vigente en la UE asegura unas condiciones de trabajo dignas para los teletrabajadores.
El teletrabajo se ha convertido en lo habitual para millones de europeos y continuará como parte de un modelo híbrido tras la pandemia. Los trabajadores disfrutan de la flexibilidad y la autonomía que ofrece, así como del ahorro de tiempo, ya que hace innecesarios los desplazamientos diarios. Sin embargo, no debemos olvidar las dificultades que plantea, como la difuminación de las fronteras entre el trabajo y la vida privada, o el aislamiento de los trabajadores. Hemos aprobado hoy unas Conclusiones en las que se insta a los Estados miembros a que aprovechen las oportunidades y aborden los riesgos relacionados con el teletrabajo en sus estrategias y políticas nacionales sobre el futuro del trabajo.
Ana Mendes Godinho, ministra de Trabajo, Solidaridad y Seguridad Social de Portugal
Repercusiones de la COVID-19 en la igualdad de género
El Consejo ha adoptado unas Conclusiones en las que invita a los Estados miembros (y, en su caso, a la Comisión) a tomar medidas para mitigar el efecto agravante de la crisis de la COVID-19 en algunas de las desventajas a largo plazo que sufren las mujeres y para garantizar que la igualdad de género se convierta en un motor de la recuperación.
Estos pasos incluyen:
promover la igualdad de género y la igualdad de oportunidades en la concepción y la aplicación de las medidas de recuperación, por ejemplo mediante el apoyo a los trabajadores en los sectores económicos más afectados, como el comercio minorista, la hostelería y el turismo, abordando las necesidades particulares de las mujeres en lo que respecta al nivel educativo, el horario de trabajo, la inactividad, el desempleo y las capacidades;
abordar la conciliación de la vida profesional, familiar y privada de mujeres y hombres garantizando que todos los trabajadores, entre ellos los teletrabajadores, dispongan de las mismas oportunidades de promoción profesional, en particular de igualdad de acceso a puestos de dirección y de toma de decisiones;
promover la igualdad de acceso a todos los ámbitos educativos y trayectorias profesionales, en particular la lucha contra la brecha digital de género, la mejora de las capacidades digitales y la participación en ámbitos de estudio CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), especialmente las TIC;
desarrollar y difundir más datos desglosados por sexo, y más informaciones e investigaciones sobre la incidencia de la COVID-19 en la igualdad de género.
Como consecuencia de las desigualdades estructurales de género preexistentes en el mercado laboral y en la sociedad en su conjunto (la brecha salarial entre hombres y mujeres y la brecha de género en los cuidados), las mujeres se han visto y siguen viéndose afectadas de manera desproporcionada por la pandemia de COVID-19 y las medidas de contención relacionadas con ella. Las mujeres representan entre el 76 % y el 95 % de los trabajadores sanitarios, por lo que corren mayor riesgo de contraer la COVID-19. En otro orden de cosas, las mujeres cargan con una parte desproporcionada del trabajo no remunerado (tareas domésticas y asistenciales), que ha aumentado durante la crisis de la COVID-19.
Al igual que en crisis anteriores, el impacto de la pandemia de COVID-19 no ha sido equitativo en términos de género, y las mujeres se han visto mucho más afectadas. Vemos que las mujeres afectadas en la primera línea son trabajadoras sanitarias, cuidadoras o educadoras infantiles, profesoras o limpiadoras domésticas, que a menudo tienen que hacer frente a la dificultad adicional de ocuparse de su familia, desempeñando un trabajo adicional no remunerado y enfrentándose a dificultades para conciliar su vida profesional y familiar. Sin embargo, no tenemos una idea clara de cómo estos efectos limitan la participación de las mujeres en el mercado laboral y aumentan las diferencias existentes en materia de remuneración y prestación de cuidados, y únicamente podemos cambiar lo que podemos cuantificar. Ahora que estamos trabajando para recuperarnos de la crisis y estamos preparando nuestras sociedades para el futuro, debemos garantizar que nuestras medidas estén basadas en datos concretos que nos permitan tener una idea clara de lo que necesitamos cambiar para poder tomar decisiones con conocimiento de causa y corregir las desigualdades.
Mariana Vieira da Silva, ministra de Estado y de la Presidencia de Portugal
Alrededor de 87 millones de personas en la Unión Europea sufren alguna forma de discapacidad y más de la mitad de ellas (52 %) se sienten discriminadas en su vida cotidiana. En marzo de 2021, la Comisión Europea adoptó la Estrategia sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para 2021-2030.
El Consejo ha aprobado unas Conclusiones en las que se refrenda la estrategia. En las Conclusiones se invita a los Estados miembros a seguir desarrollando y actualizando estrategias y políticas nacionales para aplicar la Convención de las naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) a escala nacional, regional y local; garantizar la transposición y aplicación efectivas y coherentes de la legislación de la UE sobre la accesibilidad de productos, servicios, medios, transportes y edificios; promover el desarrollo de servicios sociales comunitarios centrados en las personas y la vida independiente; promover la participación en la vida política y pública, teniendo en cuenta la Estrategia a la hora de establecer los objetivos nacionales voluntarios diseñados para alcanzar los principales objetivos fijados en el Plan de Acción del pilar europeo de derechos sociales, y hacer el mejor uso posible de la financiación y los programas financieros de la UE.
La Presidencia portuguesa está firmemente comprometida con los derechos de las personas con discapacidad. Estas Conclusiones constituyen una gran oportunidad para transformar las palabras en hechos y garantizar que no se deje a nadie atrás. Como venimos diciendo, es el momento de cumplir los objetivos, por lo que es de suma importancia que todos nos comprometamos con la Estrategia Europea sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para 2021-2030, en consonancia con la CDPD.
Ana Mendes Godinho, ministra de Trabajo, Solidaridad y Seguridad Social de Portugal
La Presidencia ha informado a los ministros del estado de los trabajos respecto a la Directiva relativa a unos salarios mínimos adecuados. Los ministros también han tenido la oportunidad de cambiar impresiones sobre las mejoras que esperan que produzca la Directiva y de señalar cuáles son, en su opinión, los elementos críticos de la propuesta, estableciendo así una posible vía para proseguir las negociaciones con vistas a alcanzar un acuerdo.
La Cumbre Social de Oporto de los días 7 y 8 de mayo de 2021 ha supuesto un hito para la Europa social.El 7 de mayo, el Parlamento Europeo, la Comisión, la Presidencia portuguesa del Consejo de la UE, los interlocutores sociales de la UE y la Plataforma Social firmaron el Compromiso Social de Oporto y el 8 de mayo los dirigentes de la UE acordaron la Declaración de Oporto, en la que reforzaron sus compromisos con la aplicación del pilar europeo de derechos sociales y acogieron con satisfacción los objetivos principales de 2030 en materia de empleo, capacidades y reducción de la pobreza del plan de acción del pilar. Como actuación consecutiva, los ministros han debatido la fijación de objetivos y el seguimiento de los avances logrados en la aplicación de los principios del pilar a escala nacional mediante el Semestre Europeo.
Retos para el diálogo social y la negociación colectiva
Los ministros también han mantenido un debate de orientación sobre la participación de los interlocutores sociales en la recuperación a través de los planes de recuperación y resiliencia y los mejores enfoques ante el diálogo social y la negociación colectiva en el contexto de la aceleración de la transición digital, teniendo especialmente en cuenta la necesidad de garantizar la representación de los trabajadores en formas atípicas de trabajo y su derecho de asociación.
En el debate de hoy hemos presentado nuestras diferentes experiencias; esto nos ha brindado la oportunidad de compartir nuestras ideas sobre los retos que tendremos que abordar a corto, medio y largo plazo sobre cuestiones tan importantes y de actualidad.
Ana Mendes Godinho, ministra de Trabajo, Solidaridad y Seguridad Social de Portugal
Promover una Europa social más fuerte (Infografía)
Transparencia salarial e igualdad de trato
La Presidencia ha informado a los ministros sobre la situación de una serie de expedientes legislativos en curso: una propuesta de directiva para fortalecer la aplicación del principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor y de Directiva del Consejo para hacer extensiva a ámbitos distintos del empleo la protección contra la discriminación por motivos de religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. Para ambas propuestas, la Presidencia portuguesa ha presentado un informe en el que resume la situación de los debates entre los Estados miembros y el posible camino a seguir para llegar a un acuerdo.
Semestre Europeo, cuidados de larga duración y pensiones
El Consejo ha refrendado la evaluación de la aplicación de las recomendaciones específicas por país de 2020 y 2019 y el dictamen del Comité de Empleo y del Comité de Protección Social sobre un cuadro de indicadores sociales revisado que establezca nuevos indicadores principales. Ambos puntos se refieren al Semestre Europeo, que es el marco de la UE para la coordinación de las políticas económicas en toda la Unión Europea. Los ministros también han refrendado las conclusiones relativas a un informe sobre cuidados de larga duración de 2021 y a un informe sobre la adecuación de las pensiones de 2021, del Comité de Protección Social y de la Comisión Europea.
Los ministros han adoptado unas Conclusiones sobre el acceso a los medicamentos y a los productos sanitarios para una UE más fuerte y resiliente. Si bien se han obtenido resultados notables en muchos ámbitos relativos a las enfermedades, aún queda mucho por hacer para garantizar un acceso en tiempo oportuno a medicamentos y productos sanitarios innovadores, especialmente en lo que respecta a los problemas de salud pública, como el desarrollo de nuevos antimicrobianos. En las Conclusiones, entre otras cosas, se insta a la Comisión a que establezca el inventario completo de las capacidades existentes y potenciales en Europa de fabricación de medicamentos esenciales, productos sanitarios y otros productos médicos.
Esta pandemia ha vuelto a poner de relieve el triple reto de la accesibilidad, la disponibilidad y la asequibilidad de los medicamentos. Me alegro de que los ministros se hayan reunido hoy para hacer un llamamiento conjunto para responder a las necesidades estructurales y garantizar que el acceso en tiempo oportuno a los medicamentos innovadores beneficie tanto a los pacientes como a los sistemas sanitarios.
Marta Temido, ministra de Sanidad de Portugal
Refuerzo del mandato de la Agencia Europea de Medicamentos
El Consejo ha alcanzado un acuerdo sobre un proyecto de normas para reforzar el papel de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) en la preparación y gestión de crisis con respecto a los medicamentos y los productos sanitarios.
Esta «orientación general» otorga a la Presidencia del Consejo un mandato de negociación para acordar una Posición Común con el Parlamento Europeo.
El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades y las amenazas transfronterizas para la salud
La Presidencia ha informado a los ministros sobre la situación de dos expedientes legislativos en curso: la propuesta de modificación del Reglamento por el que se crea un Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) y la propuesta sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud.
El primero trata de reforzar el mandato del ECDC para que esté mejor equipado para ayudar a los Estados miembros y a la Comisión, entre otras cosas, a fin de supervisar en tiempo real la situación epidemiológica y movilizar a los grupos de trabajo sobre salud de la UE para ayudar con las respuestas locales. Una propuesta de Reglamento sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud prescribe el desarrollo de un plan de preparación de la UE frente a las crisis sanitarias y las pandemias, así como recomendaciones para el desarrollo de planes nacionales (que deben evaluarse y someterse a pruebas de resistencia).
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